MONTORO, LOS FUNCIONARIOS Y LA EMPRESA PRIVADA

MONTORO, LOS FUNCIONARIOS Y LA EMPRESA PRIVADA

por: IGNACIO ARIAS. 

El Sr. Montoro, ha vuelto a meter el dedo en el ojo de los funcionarios reivindicando que se les apliquen las pautas organizativas y de funcionamiento de la empresa privada.

A diferencia de otras ocasiones en las que la improvisación e incontinencia verbal que caracterizan a este Ministro provocan malestar, con esta propuesta, lejos de soliviantar los ánimos, creemos que encontraría la solidaridad y el apoyo necesarios para su implantación, siempre y cuando extendiera su ámbito a todo el sector público español.

En efecto, si el Estado y su Administración funcionaran como una sociedad anónima en la que el Presidente del Gobierno lo fuera del consejo de administración, los ministros, los integrantes de éste y los ciudadanos los accionistas trabajadores, el Sr. Rajoy y el Sr. Montoro ya hubieran sido cesados de modo fulminante, por la nefasta gestión llevada a cabo.

Ninguna Sociedad mantendría como Presidente del Consejo de Administración a una persona que para acceder al cargo presenta un proyecto de gestión en base al cual es elegido y una vez nombrado lo incumple estrepitosamente reconociendo que se equivocó en el diagnóstico y que, por tanto, tiene que cambiar el tratamiento. En ningún ámbito, excepto en el político, se permitiría tal tomadura de pelo. Aun en el marco político, un mínimo sentido de la dignidad y de la ética, aconsejaría dimitir. ¿Qué legitimidad tiene un gobernante que miente?

No vale apelar permanentemente a la herencia recibida. El propio Presidente calificó el traspaso de poderes como ejemplar. ¿Mintió Zapatero o el equipo del Sr. Rajoy estaba integrado por los mismos incompetentes que ahora nos gobiernan?

El Sr. Montoro, tampoco se salvaría del cese. ¿Qué Sociedad mantendría al frente de sus finanzas a un Consejero que ensaya viernes tras viernes y yerra viernes tras viernes en las medidas que aplica conduciendo a la empresa al abismo económico?

Por tanto, cuidado con los mensajes porque pueden matar al mensajero.

No es que restemos valor ni legitimidad al procedimiento democrático de elección de los gobernantes, pero hay que reconocer que el ejercicio de la política ya no se limita a determinar por dónde debe de pasar el AVE o dónde debe construirse un aeropuerto. La política ha evolucionado y ahora implica tomar decisiones muy técnicas que exigen, por tanto, unos conocimientos muy especializados de los que carecen los políticos tradicionales. El ciudadano sigue eligiendo a la clase política con arreglo a los patrones históricos tradicionales, pero la “función política” no es la misma de antaño.

Por tanto, el político no puede seguir apelando a la legitimidad democrática para tomar decisiones que pueden afectar a la economía de sus ciudadanos. Las decisiones técnicas deben ser adoptadas por los técnicos. No basta que pasen por el tamiz de la democracia y de los votos. Los mercados, la globalización de la economía, exigen otros modos de hacer política.

Cuidado, pues, con apelar a las pautas y criterios organizativos de la empresa privada. Si los extrapolamos al ámbito público, los únicos que tendrían toda la legitimidad para integrar la plantilla de la empresa serían los funcionarios públicos, que han acreditado mérito y capacidad.

En todo caso, recordamos, la inamovilidad de los funcionarios públicos, que parece que es la madre de todas las batallas, no es un privilegio, sino la mayor garantía del Estado de Derecho.

Las medidas que el Gobierno viene adoptando viernes tras viernes, están centrando el foco de atención de la opinión pública en el funcionario para desviarlo de los autores principales de la crisis, que son los políticos. La reducción del sueldo, la supresión de la paga extraordinaria de navidad, la reducción de los días de libre disposición, además de las generales que también les afectan como ciudadanos (subida de impuestos, prepago farmacéutico, etc), podrán ser o no medidas obligadas, pero lo que es irrefutable es que para operar a un paciente hay que llegar a sus órganos vitales a través del tejido adiposo. No hay cirujano en el mundo que sea capaz de actuar directamente sobre el órgano sin atravesar la piel. Y en esto es en lo que está errando -¿conscientemente?- el Gobierno.

Los funcionarios son el corazón del sistema y, por tanto, si se actúa sobre el órgano vital se destruye la organización.

Ante la ineficacia y fariseismo del Gobierno, suplimos su falta de realismo sugiriendo una serie de medidas que van al núcleo duro de la cuestión –la clase política- que debieran haber sido aplicadas previamente a reducir un solo euro del salario de los funcionarios y que sí suponen un grandísimo ahorro en el gasto público.

A saber.

1. Supresión de los estatutos de ex Presidentes del Gobierno y de las comunidades autónomas.
2. Supresión del régimen de indemnizaciones y pensiones de los Ministros.
3. Supresión de las pensiones indemnizatorias del resto de los altos cargos.
4. Supresión del régimen de pensiones de los diputados.
5. Derogación del art. 8 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, y, en especial, de su apartado 1, que otorga la condición de consejeros natos de dicha Institución a los ex Presidentes del Gobierno de la Nación.
6. Derogación del artículo 17.2, b) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que permite que los eurodiputados, diputados y senadores, diputados autonómicos, miembros de las diputaciones provinciales y concejales decidan qué parte de sus retribuciones quedan exentas del IRPF.
7. Implantación de un régimen de incompatibilidades en el ámbito político que responda a la máxima “Un político, un sueldo”, sea cual fuere la procedencia, naturaleza y denominación de este último.
8. Eliminación del complemento de alto cargo del que gozan los funcionarios que se han dedicado a la política.
9. Exclusión del régimen de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público del personal eventual. No surgen por necesidades de la Administración, sino de los partidos políticos y, por tanto, sus retribuciones deben ser abonadas por éstos.
10. Restricción y control de los viajes internacionales de los miembros de las instituciones y órganos estatales y autonómicos que, en todo caso, deben acreditar y justificar cómo, por qué, para qué y cuántos.
11. Estudio del sector público estatal y de los sectores públicos autonómicos y locales y supresión de todos aquellos entes, organismos, sociedades y empresas públicas que no respondan al ejercicio de competencias propias de las Administraciones Públicas respectivas.
12. Supresión de las subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales, que deben sufragar sus gastos de funcionamiento con cargo exclusivo a las cuotas de sus afiliados.
13. Regulación de la responsabilidad patrimonial y, en su caso, penal, de los gestores públicos.
14. Obligatoriedad de que las cuentas de los partidos políticos sean públicas y determinación del tope máximo de retribuciones que pueden percibir los presidentes, secretarios generales y demás personal.
15. Supresión del régimen de retribuciones de los cargos políticos (con exclusión del Presidente del Gobierno de la Nación y Ministros) y de los cargos electivos y su sustitución por el de dietas de asistencia, fijando un tope máximo de la cuantía de las mismas.
16. Supresión de los órganos auxiliares de las comunidades autónomas (consejos consultivos, sindicaturas de cuentas y defensores del pueblo).

Con la aplicación de estas medidas, a buen seguro que se disminuiría considerablemente el gasto público y nos acomodaríamos sin mayor esfuerzo a los criterios de déficit fijados por la Unión Europea. Los funcionarios no son los causantes de la crisis, sino sus víctimas.

Dicho esto, los propios funcionarios debieran pensar en organizarse para reaccionar contra estas medidas tan injustas, evidenciando ante la sociedad que los maltrata, su potencial. No estamos pensando ni en huelgas al estilo tradicional, ni en huelgas de brazos caídos, ni en huelgas de hiperactividad, sino en huelgas de consumo. La sociedad debe ser consciente de que es el funcionario, a pesar de que sus emolumentos son cada vez más exiguos, el que contribuye al mantenimiento del comercio. Bastaría una acción coordinada de todos los funcionarios (parece que ya hay algún movimiento que postula prescindir del café los viernes, al que nos sumaríamos, pero extendiendo el ahorro a lo largo de toda la jornada) para que el consumo se diera un auténtico batacazo y fueran los propios empresarios, con su patrono mayor al frente -Sr. Rosell-, los que dejaran de zaherir a los funcionarios y reclamar insistentemente al Gobierno medidas de recorte.

Una de las actuaciones de mayor impacto pudiera planificarse de cara a las fiestas navideñas coincidiendo, por tanto, con la supresión de la segunda paga extraordinaria, y podría consistir en una restricción total del consumo y, por tanto, de los gastos en alimentación y regalos, que podría culminar con la formulación de propuestas para la elaboración de un menú del funcionario para los días de Nochebuena, Navidad y Nochevieja, similar al que ofrecen en la cocina económica para los más necesitados, puesto que  la mayoría de los funcionarios, dadas las circunstancias, serán claramente acreedores de merecer tal calificativo.