INFORMA
LOS TRABAJOS HABITUALES DE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NO PUEDEN TENER CARÁCTER TEMPORAL
La Sala de
los Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que limita el
uso forzoso de parados en la Administración a la consecución de trabajos puntuales
y nunca para el desempeño de labores habituales.
La sentencia
desestima el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por
la Consejería de Empleo e Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, contra
una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad
autónoma a instancia de una trabajadora de dicha administración.
En la
sentencia original, que ahora ratifica el Supremo, se considera improcedente el
despido de esta trabajadora, al entender que había desarrollado tareas de
auxiliar administrativo, habituales en dicha administración --atención e
información al consumidor, archivo, o realización y envío de escritos--, pero
con un contrato de colaboración social desde 2006, desempeñándolas con
equivalente al del resto del personal laboral de la comunidad de canarias y con
el mismo horario. Además, la demandante había sustituido a otros compañeros en
periodos de vacaciones o en periodo de baja.
El alto tribunal reconoce de esta manera que los trabajos
habituales y permanentes de la Administración Pública no pueden tener carácter
temporal y en consecuencia no pueden cubrirse con la modalidad contractual de
colaboración social.
estos
contratos han aumentado de forma sorprendente en 2013, coincidiendo con el
aumento de las dificultades presupuestarias y las restricciones a la
contratación en las administraciones públicas.
Con datos del
Ministerio de Empleo, entre 2006 y 2012 se hacían aproximadamente de 4.000 a
5.000 contratos de colaboración social al año, mientras que en 2013 esta cifra
se elevó a 9.767, un 115,2% más que un año antes. "En 2014 parece que la
tendencia es que sigan incrementándose", añade el sindicato.
Hay casos
llamativos como el Murcia, donde en 2012 se hicieron casi la mitad de estos
contratos a nivel estatal (2.030 de los 4.538 que se firmaron), o el de Madrid,
que pasó de 42 en 2012 a 2.849 en 2013.
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