Hablar
hace unos años de recuperar servicios externalizados en la
Administración Pública era estar obsoleto o emplear un lenguaje
retrógrado en una España que vivía emocionada creando empresas al
amparo del erario público.
Una
de las consecuencias de la crisis económica y ética -que dicen
estamos logrando sobrepasar- es que cada vez son más los que
empiezan a dudar de esos servicios ahora fraccionados, que funcionan
con criterios diferentes según el lugar en el que nos encontremos y
en los que su personal está más pendiente de identificado con el
fin de la empresa que con el propio deber público.
En
algunos casos en los que, además, se trata de gestión de servicios,
aportan y venden un balance positivo para la empresa, pero una
sangría constante al presupuesto público pues, por poco que se
haga, se cobra y se suben las tasas de servicios básicos. Y si no
hay necesidad, se inventa, se proyecta, se subcontrata y se ejecuta
para cobrarlo, llamando “inversión” a lo que es “gasto”.
Los
especialistas en economía administrativa coinciden en que las
privatizaciones de servicios son necesarias en donde no sea rentable
mantenerlos la Administración. Eso tan sencillo, aún no parece
haberse entendido, o se malinterpreta. Pero la tendencia actual en
Europa es dotar de medios suficientes los servicios públicos básicos
e importantes, no de regalarlos a empresas adjudicatarias, en las que
prima el beneficio económico sobre cualquier interés público.
Planteémonos la siguiente pregunta: ¿Invierten las empresas
adjudicatarias los ingentes beneficios que obtiene en la mejora de
las infraestructuras de los servicios públicos que gestionan?
La
gestión directa de los servicios públicos por parte de la entidad
pública que tenga asignada la competencia de prestarlos permite, sin
ninguna duda, una mayor participación del ciudadano en su misma
gestión y su control, en la medida en que dichos servicios básicos
son un derecho que el ciudadano ostenta y no una actividad
mercantilista despojada de toda sensibilidad social.
Hoy
ya oímos términos olvidados como la recuperación de los servicios
externalizados. Sin ir más allá de los Pirineos, en municipios
españoles como lo es Cambrils,
con 33.000 habitantes, se habla de un ahorro mínimo entorno a los
260.000 € anuales. Está claro que no todo es extrapolable y que
las cifras dependen de multitud de factores. Pero lo cierto es que en
determinados servicios básicos en los que se depende
fundamentalmente de mano de obra, el ahorro mínimo puede ser la suma
del IVA y del montante Gastos Generales más Beneficio Industrial.
Piscinas
municipales, recogida de basuras y limpieza viaria, alumbrado
público, semáforos, parques y jardines, empresas de seguridad que
prestan servicios en centros oficiales, etcétera. Estos y bastantes
más servicios se encuentran en la actualidad en manos de empresas
privadas (la famosa “externalización”) que, unida a la
duplicidad por división administrativa (la famosa
“descentralización”) han hecho inútiles y desiguales muchos
servicios, al no desarrollarlos bien por no poder hacerse cargo de la
explotación en los términos en los que se comprometieron en su
momento mediante concurso o por tratar de manera diferente a los
contribuyentes según el lugar en el que se esté empadronado. Como
dijo Sancho a Don Quijote “hay
tanto que trasquilar en las dueñas, según mi barbero, cuanto
será mejor no menear el arroz aunque se pegue”.
De
la Europa de los
mercaderes
está naciendo la de
los ciudadanos,
convenciéndose ahora del deber de recuperar la gestión directa de
los servicios. Así lo avalan estudios realizados por prestigiosas
universidades como la de Greenwich.
Concretamente en este informe se precisa que la municipalización del
agua se está realizando ya en muchos municipios, especialmente en
naciones como Francia y Hungría. Y las razones, respaldadas por
expertos (y también por políticos) son las siguientes: Poco
control o inexistente por
parte de la administración sobre la empresa adjudicataria, mala
gestión por parte de la
empresa, costes elevados,
riesgo de expiración de
los contratos.
En
Alemania el caso más conocido es el del mantenimiento eléctrico y
de alumbrado público. Precisamente por similares razones a las
expuestas anteriormente.
El
servicio recuperado en Gran Bretaña -y también en Francia- es el
transporte público, fundamentalmente porque se estaban dejando de
prestar servicios.
En
cuanto a la gestión de los residuos en los municipios, son también
Alemania y Francia los países que lideran la recuperación de estos.
Una de las justificaciones es la implantación de servicios de
incineración intermunicipales. Además de mejorar la gestión en
limpieza, una de las razones esgrimidas en el Reino Unido y Alemania
para recuperar la gestión es la creación
de empleo (eso que todos
dicen es cosa trascendental en la Europa del sur en la que nos
encontramos). Un empleo de calidad, digno y destinado a la prestación
eficiente y directa de los servicios públicos, que permita defender
y garantizar el carácter imparcial de lo público.
Así
pues, entiendo que éste puede ser un momento estupendo para
recuperar las joyas de la abuela que un día empeñamos y que, con
tanto esfuerzo fue pagando mes a mes al joyero del barrio. Recuperar
las joyas de la abuela es una obligación de toda la familia que
formamos la Administración Pública española y que nos sentimos muy
orgullosos de ser servidores públicos, aunque durante los últimos
años hayan contaminado nuestro trabajo con campañas en contra de
los trabajadores públicos y funcionarios.
Eso
sí, todos tenemos nuestra parte de culpa como hijos malcriados y
herederos despilfarradores. Ahora bien, este puede ser el momento que
todos esperábamos para recuperar nuestro orgullo y disfrutar con
estilo de las joyas que nuestros antecesores forjaron con sudor. Con
el mismo que Audrey
Hepburn en Desayuno
con diamantes. Una joya
se la puede poner cualquiera, pero vestirla con aprecio de saber lo
que se lleva y con estilo, ya es otra cosa.
Antonio
Lacosta.
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